Las irregularidades detectadas por el síndic de Comptes año tras año en el seno de la contabilidad de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) son incidencias, y no indicios constitutivos de responsabilidad contable.
La actualidad de la televisión digital terrestre
El cierre de Canal 9 costó más de 144 millones de euros
El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha cifrado en 144,1 millones de euros el coste del cierre de Canal 9 (RTVV) hasta el momento.
En esta cantidad están incluidos los salarios de los trabajadores que estuvieron de permiso durante los cinco meses que se tardó en ejecutar el nuevo ERE, que, según Císcar, se tendrían que haber pagado igual si la sociedad hubiera seguido funcionando.
El coste revelado por el vicepresidente es más del doble del que él mismo estimó en su comparecencia ante las Corts el 7 de noviembre de 2013, dos días después de decretarse el cierre. En aquel momento dijo que el coste sería de 70 millones y mantenerla abierta costaría 228 millones hasta el final de la legislatura en mayo de 2015.
Císcar ha comparecido en la Comisión de Control de la Actuación de Canal 9 en las Corts Valencianes para explicar, a petición de Compromís, la situación económica actual de la radio y la televisión públicas valencianas. El vicepresidente ha indicado que habrá que esperar a su "total extinción" para conocer el coste exacto.
No obstante, el titular de Presidencia ha explicado que el acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) estableció una indemnización de 35 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades, lo que suma 86,1 millones. Asimismo, ha añadido que el coste de los salarios abonados hasta mayo de 2014 asciende a 56,4 millones.
También ha indicado que se contrató con varias empresas para definir un nuevo modelo de gestión y para ejecutar el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por un importe de 674.000 euros, y con dos mercantiles para asesoramiento del segundo ERE, por 871.000 euros.
Extrabajadores de Canal 9 denuncian ilegalidades en las TDT
Un nuevo grupo de ex trabajadores de Canal 9 y en general de RTVV, acompañados por el ex consejero de RTVV, Rafael Xambó, han presentado hoy ante la secretaría autonómica de Comunicación de la Generalitat más denuncias por las irregularidades e incumplimientos legales de empresas concesionarias de las licencias de TDT.
Según ha informado Compromís en un comunicado, esta campaña de denuncias se inició hace dos semanas tras "comprobar reiteradamente" como la emisión de múltiples cadenas de televisión en TDT, tanto a nivel autonómico como local, incumplen la Ley del sector audiovisual valenciano, así como las cláusulas particulares del concurso para la adjudicación de canales TDT de cobertura local y regional.
De esta manera Compromís ofrece a los ciudadanos la posibilidad de denunciar individualmente ante la administración el incumplimiento de la Ley del sector audiovisual valenciano de algunas TDT.
Mediante un formulario de denuncia, las personas que lo deseen, pueden hacer constar ante la Generalitat que no están recibiendo el servicio de televisión por el que se otorgaron las licencias de TDT en 2006, mientras por esos canales se emiten programaciones íntegras de teletienda, tarot o se retransmite la emisión de televisiones de ámbito estatal.
Los incumplimientos se centran en la obligación sobre la emisión de programas televisivos originales, como mínimo 4 horas diarias y 32 semanales, la obligación de reservar el 20 % del tiempo de emisión a obras audiovisuales valencianas, de disponer de estudios de producción propia en el territorio valenciano y emitir como mínimo el 25 % en valenciano.
Efe
Las instalaciones de Canal 9 "no se pueden privatizar ni vender"
El alcalde de Burjassot (Valencia), Jordi Sebastià, ha advertido de que las instalaciones de Radio Televisión Valenciana (RTVV), en esta localidad, "no se pueden privatizar ni vender" y ha subrayado que el único uso compatible con la zona, según el Plan General, es el de "radiotelevisión pública".
Jordi Sebastià ha mantenido este viernes una reunión con los técnicos del Departamento de Urbanismo para conocer la situación legal de las instalaciones de RTVV en la localidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.
La conclusión, según el Ayuntamiento, ha sido "clara y contundente". "En el Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado en el año 1990, toda la zona aparece marcada como "zona dotacional pública" y el nuevo PGOU, que se aprobó el año pasado y que espera el visto bueno de la Conselleria, la zona mantiene el uso dotacional y público y aún se concreta más: emisiones de radio y televisión", ha señalado.
El consistorio ha hecho hincapié en que el edificio central, además, "se encuentra protegido en el Plan General debido a su alta calidad arquitectónica". Por ello, Sebastià ha hecho hincapié en que "el único uso compatible con lo que marca el Plan General, tanto en el vigente como en el que esperamos que apruebe la Conselleria, es el de radiotelevisión pública". "Cualquier otra opción necesitaría un cambio de calificación que con este equipo de gobierno es totalmente imposible", advirtió, para recalcar que las opciones de vender o privatizar la zona "no son por tanto aceptables y resultan totalmente incompatibles con la ordenación legal actual".
A su juicio, "esto corta en seco cualquier especulación sobre el futuro para las instalaciones diferente al que tienen. Quiero tranquilizar a todos los valencianos y valencianas preocupados por la posibilidad de que se haga algún negocio con nuestro patrimonio de RTVV, ya que el Ayuntamiento de Burjassot no lo va a permitir". "Lo que hay que preguntarse es qué se esconde detrás de una maniobra tan destructiva para la identidad de los valencianos, como es la de cerrar nuestra primera radiotelevisión pública y cuál es el futuro que la Generalitat Valenciana tiene previsto, si lo tiene, para unas instalaciones que tantos esfuerzos costó poner en marcha", ha indicado.
Europa Press
El cierre de Canal Nou puede superar los 100 millones de euros
El cierre de Canal Nou y todo el proceso de cierre de la televisión publica valenciana costará más de los 69 millones de fondos públicos presupuestados para Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la Generalitat y podría llegar a los 100 millones, dependiendo de la indemnización que cobren los más de 1.600 empleados que serán despedidos.
El Gobierno de Alberto Fabra ha autorizado a la empresa, asesorada por KPMG, a negociar indemnizaciones superiores al máximo legal de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, siempre bajo la supervisión y autorización última de la Consejería de Hacienda.
Esa fue la indemnización que se pagó a los 952 despedidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) anterior, que fue anulado por los tribunales, lo que motivó la decisión de Fabra de prescindir de la televisión pública.
El mes de negociaciones para el actual ERE comenzó el pasado viernes, con la novedad de la autorización de Presidencia a negociar la indemnización. La única pista sobre hasta dónde podría llegar la dio la propia RTVV, que el pasado 8 de enero alcanzó un acuerdo de conciliación con una trabajadora interina despedida en 2013 a la que pagó 33 días por año. La extrabajadora fue contratada en diciembre, días antes del acuerdo, como asesora en la Consejería de Presidencia.
Las indemnizaciones del anterior ERE sumaron unos 34 millones de euros. Si se mantuvieran los 20 días por año, el coste de este ERE sería aproximadamente el doble, ya que, según fuentes sindicales, en el primero había muchos administrativos y técnicos, mientras que los casi 700 empleados que se salvaron eran de grupos retributivos más altos, muchos de ellos periodistas.
Esto supondría que solo con el coste del ERE ya se cubriría el presupuesto que tiene RTVV para todo el año, que era de 76 millones, 69 de ellos de subvención pública. Con los 7 millones restantes no se puede contar, ya que eran los ingresos publicitarios previstos. Si se amplía la indemnización, el coste se disparará. En todo caso, la Generalitat necesitará habilitar fondos adicionales para otros gastos.
Proceso lento
Entre estos otros gastos están los salarios de los trabajadores, de los que unos 1.500 están de permiso retribuido desde que el 29 de noviembre se produjo el corte de las emisiones. El coste de personal para la empresa es de unos 5,5 millones al mes, lo que significa que aunque despida a todos a finales de marzo, como está previsto si no hay acuerdo en la negociación, habrá pagado 22 millones en cuatro meses, 16,5 de ellos imputables al presupuesto de 2014.
Según advirtió la empresa al comité el pasado viernes, entre 80 y 160 empleados seguirán prestando servicios hasta junio. Además de los costes de personal, RTVVtendrá que sumar los derivados de la ruptura de compromisos de compras o coproducciones.
Recurso del PSOE
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que suprimió el servicio público de RTVV, al considerar que vulnera el principio de seguridad jurídica y supone "un atropello" de derechos fundamentales.
El Economista
Canal 9 prevé realizar el 90% de los despidos en abril
La Generalitat, que se ha gastado 20 millones de euros en pagar a los trabajadores por no acudir a su puesto estos cuatro meses, asegura que en "la actual situación presupuestaria" puede estudiar indemnizaciones superiores a los 20 días por año trabajado.
Radio Televisión Valenciana (RTVV) tiene previsto realizar "a partir de abril" entre un 90 y un 95% de los más de 1.600 despidos previstos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, una vez concluyan las negociaciones el 22 de marzo, mientras que el resto podrían producirse hasta junio de 2015. Así lo ha señalado el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, tras la primera reunión del período de consultas del expediente celebrada en la sede del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) en Valencia.
Según indica, la documentación aportada por la empresa a los representantes de los trabajadores establece que "posiblemente entre un 5 y un 10 por ciento de la plantilla tendría que continuar durante unos meses para llevar a cabo la liquidación".
De hecho, el plan de acompañamiento previsto en el ERE incluye la contratación de una empresa de recolocación que trabaje hasta el mes de junio de 2015. Mifsud subraya que, en caso de despedir al grueso de la plantilla cuando venza el mes de las consultas, "la Generalitat se habrá gastado en cuatro meses cerca de 20 millones de euros en nóminas, desde el cierre de RTVV, lo que supone una barbaridad", apostilla.
Reivindica, en este sentido, que "se habría podido dar un servicio a los valencianos y tener una plantilla redimensionada con un acuerdo en noviembre -tras la sentencia que declaró nulo el ERE- si hubiera habido voluntad política por parte de la Generalitat". En la reunión, se han abordado distintas cuestiones técnicas como el calendario de encuentros, inicialmente con dos por semana aunque ese número podría aumentar posteriormente. En concreto, la semana que viene está previsto que se reúnan el miércoles y el viernes en las instalaciones del centro de producción de Burjassot.
En un comunicado, la empresa informa de que se ha constituido la Mesa Negociadora del ERE y los representantes de la empresa han entregado a los miembros de la Comisión Representativa de los Trabajadores la documentación que se ha remitido a la Autoridad Laboral como causas justificativas del expediente. También indica que el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Eusebio Ortiz, ha asistido a la reunión. Según Mifsud, les han trasladado asimismo que la Generalitat ha informado de que "en la actual situación presupuestaria se pueden estudiar indemnizaciones que superen los 20 días por año trabajado, algo que ni se estudió en el anterior ERE ni en noviembre y que habría ahorrado muchísimos problemas", con "soluciones como salidas voluntarias y no un ERE traumático", subraya
EP
Canal 9 paga 16 millones de euros por la Fórmula 1 que no emitió
En total, RTVV ha pagado cerca de 40 millones de euros por los derechos de la Fórmula 1. Los trabajadores piden medidas contra los directivos que 'han malbaratado'.
El comité de empresa de Radiotelevisión Valenciana ha asegurado hoy que RTVV acaba de hacer efectivo el pago de 16 millones de euros a Imagina Media (la antigua Mediapro) por las temporadas del mundial de Fórmula 1 que no emitió Canal 9, correspondientes a 2012 y 2013, tras perder el juicio.
Los representantes de los trabajadores han señalado en un comunicado que, en total, Canal 9 ha pagado cerca de 40 millones de euros por los derechos de la Fórmula 1, más que los costes laborales para todo 2014 que había planteado el comité de empresa y que la Generalitat no quiso asumir.
Han recordado que el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, planteó en febrero de 2012 la decisión de suspender esa emisión como una medida de ahorro para las arcas públicas, y han destacado que, finalmente, las condiciones "perjudiciales" para RTVV que firmó el ex director de RTVV Pedro García "han acabado disparando los costes".
Según han dicho, la cantidad final pagada incluye, además de los cerca de 11 millones de euros que reclamaba Mediapro, "más de un millón y medio de intereses y 3 millones de costes procesales". Estas cantidades no incluyen, han señalado, los costes que para RTVV ha tenido todo el proceso judicial, en el que se han pagado honorarios a abogados de Londres, donde se gestionaban los derechos con Bernie Ecclestone.
El comité de empresa de RTVV considera "un escándalo" que la Generalitat haya decidido cerrar Canal 9 y Radio 9 ante la sentencia por haber vulnerado derechos de los trabajadores, y en cambio no haya adoptado ninguna medida contra los directivos que "han gestionado la empresa de manera corrupta y han malbaratado" el dinero de todos los valencianos. El dinero de RTVV "no se ha ido por los costes laborales, y cifras como estas lo demuestran", afirma el comité de empresa, que añade que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, debería "reconsiderar" la decisión del cierre y volver a dar el servicio de radiotelevisión pública a todos los valencianos.
Efe
TV3 y Catalunya Ràdio potencian internet para emitir en Valencia
El Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha acordado reforzar su estructura tecnológica para que los valencianos puedan acceder a TV3 y Catalunya Ràdio a través de las 'apps' y los portales web disponibles, después de que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) haya cerrado las emisiones de la radio pública catalana en la comunidad para evitar multas de hasta un millón de euros por dos infracciones de la Ley General de Telecomunicaciones.
En un comunicado, el ente público ha lamentado que Catalunya Ràdio y Catalunya Informació se hayan dejado de oír en la Comunitat Valenciana, lo que provoca que los ciudadanos no tengan "ninguna radio ni televisión en lengua propia", teniendo en cuenta que recientemente han desaparecido Canal 9 y Ràdio 9. Además de a los valencianos, el cierre de las emisiones también afecta "a todos los que comparten un espacio común con la historia, la lengua y la cultura que Jaume I extendió al crear el Reino de Valencia", ha valorado la CCMA.
El ente ha considerado que "es posible" otra manera de entender las relaciones en materia de comunicación, como lo demuestran los acuerdos que Catalunya tiene vigentes con Aragón, Andorra, Baleares y Francia para que TV3 y Catalunya Ràdio puedan sintonizarse sin impedimentos.
Por eso, ha ofrecido sus medios para que la televisión y la radio públicas de Catalunya puedan llegar a la Comunitat Valenciana "con la misma normalidad y acuerdo con la que llegan a todos los territorios hermanos".
ABC
Empieza la disolución de Radiotelevisión Valenciana
La comisión de liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha comunicado al comité de empresa el inicio del proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, que afectará a unos 1.700 trabajadores. A la reunión, que inicia el proceso para extinguir todos los contratos, también han asistido representantes de la consultora KPMG.
El comité de empresa ha pedido la documentación oficial que acredite que KPMG son adjudicatarios de este ERE y ha aseverado que "no hay causas para cerrar RTVV ni para el maltrato que sufren los trabajadores". Desde KPMG han resaltado: "Estamos aquí para lo que estamos. No nos equivoquemos con el escenario. Estamos en proceso disolución", según informa en Twitter Intersindical Valenciana.
Liquidadores y KPMG han reclamado a los representantes sindicales que firmaran la notificación formal el inicio del procedimiento y se han comprometido a mostrar en próximas reuniones los documentos que avalen la contratación de la consultora.
El comité de empresa, por su parte, ha reclamado el listado completo de trabajadores de la sociedad pública y su situación actual, y ha pedido a los liquidadores que, "antes de iniciar un ERE resuelvan todo lo que se deriva del primero". Los sindicatos consideran que "hay muchísimos cosas del primer ERE que se deben resolver antes del segundo".
Según Intersindical, los miembros de la comisión de liquidación, que han aludido a "razones económicas" para extinguir RTVV, han asegurado que "toman nota" de las demandas. Han asegurado que la próxima semana se abordarán "temas ordinarios". Los sindicatos han denunciado que se "va a solapar un ERE con el otro porque, no han cumplido todavía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV". Así, consideran que se va a provocar "un empastre mayor" y han lamentado que todavía no se sabe cuándo comenzará el período de consultas.
Asamblea de trabajadores
Coincidiendo con la reunión, los trabajadores de RTVV han celebrado una asamblea en la puerta del Centro de Producciones y Programas de Burjassot (Valencia). Para CCOO, "es inadmisible que después de 20 años en la empresa no dejen entrar a los trabajadores y estén dentro los saqueadores", ha escrito en Twitter.
Bruselas evita pronunciarse sobre el cierre de Canal 9
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, ha eludido pronunciarse sobre el cierre de la televisión autonómica valenciana, Canal 9, decidida por el Gobierno de Alberto Fabra alegando que carece de competencias ya que la responsabilidad de la decisión corresponde a las autoridades nacionales.
"La Comisión no puede pronunciarse sobre la decisión de cerrar un organismo de radiodifusión público, ya que el Tratado deja claro que corresponden a los Estados miembros la gobernanza y las decisiones estratégicas sobre el servicio público de radiodifusión", ha dicho Kroes en respuesta escrita a una interpelación del eurodiputado de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, sobre el cierre de Canal 9.
"Aunque la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación constituyen las bases esenciales de las sociedades democráticas recogidas en la Carta de los Derechos Fundamentales, las disposiciones de la Carta solo proceden en caso de que se aplique el Derecho de la UE, y tal no es el caso en las circunstancias presentes", añade la responsable de Telecomunicaciones.
En su interpelación, Tremosa denunciaba que el cierre de Canal 9 significará el despido de 1.700 trabajadores y reducirá la oferta televisiva "en lengua catalana" en la Comunitat Valenciana. "La Comisión concede especial importancia a la función del sistema dual de organismos de radiodifusión públicos y comerciales, que preserva el pluralismo de los medios de comunicación y fomenta los valores europeos", responde Kroes.
"Sin embargo —prosigue la vicepresidenta— no puede poner en entredicho el mandato de un determinado Gobierno a la hora de adoptar decisiones relativas a su sistema público de radiodifusión, incluso en caso de que ello incida en la información disponible en una determinada lengua. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el uso de las lenguas mayoritarias o minoritarias en los Estados miembros entra en el ámbito de su jurisdicción y responsabilidad exclusiva".
EP
Una auditora se encargará de la extinción de Canal 9
La auditora KPMG será finalmente la empresa encargada de asesorar a la Generalitat valenciana en el proceso de extinción de contratos de la sociedad pública Radiotelevisión Valenciana.
El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ya concretó que esta semana se conocería el nombre de la empresa que deberá asesorar jurídicamente al Ejecutivo autonómico en este asunto.
"Hay unos plazos marcados por ley en los que para liquidar una sociedad se tiene que producir un mes de negociaciones. Hemos estado esperando a que el juzgado nos diera el fallo y a partir de ahí, la semana que viene se elige la empresa que asesore en la extinción de la sociedad", señaló entonces Fabra.
El Gobierno valenciano decretó, el pasado 5 de noviembre, el cierre de RTVV pocas horas después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia que anulaba el ERE -diseñado por Garrigues- en la empresa pública que afectaba a cerca de 1.100 trabajadores, que ordenaba readmitirlos.
El 29 de noviembre se produjo el apagón definitivo de las emisiones de la televisión y la radio autonómicas, aunque sus trabajadores seguirán cobrando sus nóminas hasta la extinción de sus contratos, lo cual está previsto que se cumpla entre febrero y marzo próximos.
Efe
RTVV perdonó 519.000 euros a las TDT que emiten por el mux de Canal 9
El ente gastó de forma irregular 280.000 euros en abogados por el ERE y 441.000 en alquilar coches.
La Generalitat mantiene técnicamente vivas las emisiones de Canal 9, que ofrece una pantalla de barras verticales de colores, para que las dos TDT autonómicas con las que compartía múltiplex –Mediterráneo TV y Las Provincias TV, frecuencia ahora alquilada al canal de teletienda EHS y al tarot– puedan seguir en antena. El Síndic ha denunciado diversas irregularidades en esa relación comercial que siempre ha ido en detrimento de los intereses del canal público.
Al cierre de 2012, esos dos canales ocupaban un lugar preferente en el epígrafe de RTVV «deudores comerciales y otras cuentas por cobrar». La deuda por el uso del múltiplex durante cuatro años ascendía ya a 1.302.600 euros. Ante la «antigüedad de la deuda y las bajas posibilidades de cobro, motivadas por el reiterado incumplimiento de las televisiones en atender sus obligaciones», los gestores de Canal 9 decidieron reducir casi a la mitad la cuenta pendiente sin cobrar un euro. Directamente perdonaron 519.050 euros a través de lo que llamaron «corrección valorativa».
El Síndic no sale de su asombro al denunciar que incluso meses despuñes, concretamente «a fecha de realización del presente trabajo (septiembre de 2013) estas televisiones no han atendido los pagos estipulados» sin que RTVV haya emprendido ninguna actuación para cobrar. «No ha iniciado las gestiones ni aplicado medidas legales tendentes a que se hagan efectivos» los pagos, subraya el informe. El uso del múltiplex por parte de las dos TDT era tan irregular que no estaba siquiera amparado por un contrato. Se firmó el 30 de marzo de 2010, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2008, para dar cobertura legal al acuerdo.
El informe del Síndic revela también que los costes de los primeros despidos en aplicación del ERE elevó los costes de personal de 45 a 73,3 millones. La televisión pública provisionó 34,4 millones para hacer fente a los despidos. Entre los gastos de explotación fiscalizados, se incluyen 155.655 euros gastados de forma irregular en «asesoramiento jurídico en dos procedimientos judiciales». Se vulneraron las normas y principios de la Ley de Contratos y no se obtuvo la preceptiva autorización de la Abogacía de la Generalitat. Dedicó otros 125.000 euros (pagados a Garrigues) para asesorarse en la ejecución del ERE. El desbarajuste en la contratación de Canal 9 se aprecia también, según el Síndic, en los 441.4624 euros gastados en alquiler de coches. De esa cantidad, 227.763 corresponden a un mismo proveedor. Estos gastos se han contratado «directamente, sin formalización documental» e incumpiendo la Ley de Contratos.
Diario Información
Admitido a trámite el recurso contra el cierre de Canal 9
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSPV-PSOE contra el decreto de la Generalitat Valenciana por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) para cerrar la sociedad pública.
En concreto, el recurso de los socialistas se dirigía contra el Decreto Ley 5/5013, de 7 de noviembre, por el que se adoptaban medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión. El pleno del TC ha admitido el recurso y ha acordado dar traslado del mismo al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
En este caso, la admisión a trámite del recurso no suspende la vigencia de la norma recurrida. De momento, el Gobierno valenciano ha asegurado que "respetará" y "acatará" lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el recurso del PSPV que permitió su cierre y también el nombramiento de nuevos consejeros sin pasar por las Corts.
Así lo ha indicado este martes el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, a los periodistas, agregando que "en este tema, estamos absolutamente tranquilos", reiterando que "acatarán lo que decida el TC pero con tranquilidad absoluta". Llaman la atención estas puntualizaciones cuando precisamente el Partido Popular decidió cerrar RTVV sin acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que decretaba "nulo" el ERE por el que se despidió a dos terceras partes de la plantilla.
Por otro lado, Castellano también se ha manifestado, vía comunicado, sobre las declaraciones de Ximo Puig, declarando que "su preocupación no es el cierre de RTVV, puesto que ya dijo que nadie lloraría si cerraba, sino que su única preocupación es que no se pueda ver TV3 en la Comunitat Valenciana", matizando que "ésa es la verdadera cara de Puig".
Ahora Valencia
La Comunidad de Valencia podría vender la señal de Canal 9
El presidente valenciano anuncia en Madrid que hay varias empresas interesadas. Los trabajadores de RTVV protestan pacíficamente en las Cortes.
Al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sólo le preguntan por RTVV y no descarta la venta de la señal por la que se emitía Canal 9.
El presidente valenciano explicó que varios medios de comunicación se han dirigido a la Generalitat Valenciana para ocupar las bandas de frecuencia en las que venía emitiendo la Radio Televisión Valenciana (RTVV), una semana después del apagón de las emisiones. Fabra incluso añadió que no todos son empresas informativas, sino que algunos están especializados en cadenas de televenta. Pero es pronto para saber qué hará la Generalitat con esas propuestas, añadió, según recoge Europa Press. Hasta el momento, el Gobierno valenciano no se ha manifestado públicamente su intención de vender la frecuencia.
Hablando con la delegada de Canal 9 en Madrid, que está con permiso retribuido, Fabra ha justificado el cierre de la cadena alegando que, tras la sentencia judicial, no consideraba adecuado volver a plantear un nuevo ERE y empezar otra vez con despidos. "Nuestro compromiso era mantener presupuestariamente una televisión más reducida, pero alguien dijo que no, y no hubo posibilidad de negociar", ha señalado.
Según explica Efe, Fabra inicidió que algunas televisiones locales que ya tienen licencia, más otras que van a aparecer, serán las que tengan que "cubrir el hueco" que deja el cierre de Canal Nou y para ello su Gobierno ya está en conversaciones con algunas. En una conversación informal en la recepción oficial del Congreso con motivo del Día de la Constitución, Fabra ha incidido en que va a haber un cambio de "modelo" y que ya se está "hablando" con alguna cadena de la posibilidad de dar la "información" institucional de la Generalitat. "No había otra opción. Hice en su día lo que tenía que hacer", ha asegurado el presidente valenciano a la delegada de Canal Nou en Madrid, que ha acudido al acto a pedirle explicaciones. Fabra, que ha recalcado que ya no cabe negociación posible, ha argumentado motivos jurídicos relacionados con que la sentencia impedía hacer otro ERE colectivo.
El presidente valenciano le ha reconocido que entiende la "crítica" y la "desesperación" que tanto ella como los compañeros despedidos están expresando, pero ha insistido en que su Gobierno hizo "lo que había que hacer" y que ahora es el momento de buscar un modelo "asumible" de televisión.
Trabajadores en las Cortes
Un grupo de trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) han accedido este viernes a las Corts Valencianas, que celebran una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución, y han mostrado desde la bancada del Consell fotografías con la imagen del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, boca abajo.
Coincidiendo con el apagón de la radiotelevisión pública a las 12.19 horas del pasado viernes, los trabajadores han entrado al hemiciclo, han puesto un peto rojo contra el ERE en la tribuna y se han sentado en los escaños del Ejecutivo Valenciano, tal y como muestran las instantáneas difundidas por algunos de los asistentes a través de Twitter. Por ejemplo, el que fuera presentador de Nou 24, Frederic Ferri, ha ocupado el asiento del 'president' mientras otras caras famosas de la televisión como Joan Espinosa o Amalia Sebastià, han ocupado los escaños de Francisco Camps y Rita Barberá.
Varios
Canal 9, la televisión valenciana apaga sus emisiones
Televisión Valenciana ha apagado sus emisiones a las 12.19 horas de este viernes, 29 de noviembre de 2013, mientras ofrecía una programación especial que ha narrado en directo desde la medianoche los últimos momentos de la televisión autonómica, cuyo cierre ha decretado el Gobierno autonómico.
Responsables de ejecutar la orden del juzgado de desalojar a los trabajadores de Radio Televisión Valenciana accedieron a las 12.11 horas a los pasillos del centro de producción de programas de Burjassot junto con policías para ejecutar la orden judicial de desalojo.
Desde el plató ya se había comunicado a los televidentes que la Policía se disponía entrar "en minutos" para proceder al desalojo de los trabajadores, en cumplimiento de la orden judicial. "Estamos esperando desde hace horas un negro que no queremos", ha dicho Vicent Juan, presentador de la casa. A las 12.11 horas se han visto las primeras imágenes de los policías en pasillos.
Desde el exterior, un periodista en directo informaba de que 30 agentes estaban ya dentro del edificio de Burjassot para llevar a cabo el desalojo, mientras se han ofrecido imágenes de todos los trabajadores en los pasillos esperando el momento.
"Fabra dimisió, Fabra dimissió" y "RTVV tornarà" (Frabra dimisión y RTVV volverá", han gritado un nutrido de trabajadores desde los pasillos y desde el plató, donde acompañaban a los presentadores y los políticos que han asistido a los últimos momentos de la tele, mientras un rótulo en pantalla indicaba: 'Estem assitint en directe al tancament de les emisions de Radiotelevisió Valenciana' ('Estamos asistiendo en directo al cierre de las emisiones de Radio Televisión Valenciana').
Efe
El comité de Canal 9 propone un plan para mantener la cadena
El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) propone "un marco de dos años de estabilidad presupuestaria en los costes laborales" para hacer viable la cadena e impedir el cierre decretado por el gobierno autonómico.
Los trabajadores se reunían con el vicepresidente del gobierno valenciano, José Císcar, para brindarle alternativas a la clausura por la readmisión de un millar de empleados afectados por el ERE. Císcar se ha comprometido a estudiar con el gobierno lo transmitido por el comité.
Desde los sindicatos se tenía ayer la percepción de haber sido "más escuchados que nunca" y han brindado al gobierno valenciano establecer un contrato-programa de estabilidad y adecuar la plantilla a las necesidades económicas.
En lugar de despidos, el comité propone prejubilaciones o bajas voluntarias incentivadas, opciones que no fueron contempladas en el ERE anulado en los juzgados.
El comité asegura a la Generalitat "la seguridad jurídica de que no va a haber conflictos laborales" en la empresa en este proceso de resolución.
Valencia votará el 27 de noviembre el cierre de Canal Nou
El pleno de Les Corts Valencianes votará la proposición de ley del PP para extinguir, disolver y liquidar RTVV, y debatirá las propuestas de la oposición de que se cree una comisión de investigación sobre los motivos de la deuda de 1.200 millones de euros alcanzada en el ente.
La Junta de Portavoces ha establecido hoy el orden del día del próximo pleno, que estará compuesto por dieciocho puntos, y que comenzará el día 27 con la convalidación del decreto ley del Consell que modificó la ley de RTVV para poder nombrar consejeros y director general sin tener que esperar a Les Corts.
A continuación, se votará la convalidación del decreto ley que concedió un suplemento de crédito de 878,9 millones de euros a los Presupuestos de la Generalitat de 2013 por el incremento del déficit, y el tercer punto será el debate de la proposición de ley para liquidar RTVV, tramitada por procedimiento de lectura única, que impide presentar enmiendas.
Los grupos de la oposición, que se han opuesto a la inclusión de esa iniciativa en el orden del día, han considerado que el día 27 será un día "de duelo" por el cierre de un servicio público "esencial", mientras que el PSPV ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión de la Mesa de tramitar esa propuesta.
El portavoz socialista, Antonio Torres, ha recordado que su partido ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del Consell que nombró a los consejeros y el director de RTVV, y ha afirmado que entre hoy y mañana recurrirá la decisión de la Mesa que tramitó la proposición para liquidar RTVV, y si no se les admite lo llevarán "ante el órgano judicial" correspondiente.
Además, en el próximo pleno defenderán que se cree una comisión de investigación para averiguar en qué se han gastado los 1.200 millones de deuda acumulados por RTVV, dado que el Consell argumenta el cierre en la situación económica, con el fin de que los directivos y "comisarios" nombrados por el PP expliquen su gestión.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado que hoy se ha dado "un paso más en la mala dirección" para suprimir el servicio público de RTVV, que se está desarrollando con "rapidez" y en "fraude de ley", ya que una proposición de ley no requiere de informes que la avalen, y ha emplazado al PP a rectificar su "inmenso error que afectará a todo el pueblo valenciano".
Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, ha afirmado que el próximo pleno será "de la vergüenza", porque "se van a cargar un servicio público esencial" recogido en el Estatuto de Autonomía, mediante una decisión "ilegal e ilegítima", adoptada de forma "absolutamente precipitada, autoritaria, impuesta por encima del diálogo".
Blanco, cuyo grupo también pide una comisión de investigación sobre RTVV, ha resaltado que hoy no se ha votado el acta de la reunión anterior de la Junta, quizá para "intentar blindar" el proceso de cierre de RTVV, ya que seguramente ese acta será necesaria para recurrir la tramitación de la proposición de ley.
El portavoz del PP, Jorge Bellver, ha indicado que el próximo pleno adoptará decisiones "importantes" sobre RTVV y debatirá siete peticiones de comisiones de investigación, sobre las que ha lamentado que la oposición opte por cuestiones que "evitan debates sobre proposiciones no de ley, que sería lo deseable en estos momentos".
Agencias
El ERE de Telemadrid se resolverá en los próximos ocho meses
El Tribunal Supremo resolverá en los próximos ocho meses el litigio jurídico abierto a raíz del despido de más de 800 profesionales de Telemadrid previsto en el ERE del ente público, un expediente de regulación de empleo que podría seguir el mismo camino que el de la Radio Televisión Valenciana (RTVV).
La Sala de lo Social del Supremo tiene sobre la mesa los recursos interpuestos por Telemadrid y por diversos sindicatos contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el pasado mes de abril declaró el ERE de la televisión madrileña "no ajustado a derecho".
Estos recursos fueron registrados el pasado mes de julio y la Sala de lo Social tarda una media de un año en resolver los asuntos, según señalaron fuentes del Alto Tribunal. Esto supone que el Supremo tomará una decisión definitiva sobre los despidos en Telemadrid en aproximadamente los próximo ocho meses.
El TSJM estimó los recursos interpuestos por los sindicatos UGT, CCOO y CGT y rechazó los argumentos económicos de la dirección de Telemadrid para justificar el ERE. Este tribunal, sin embargo, declaró improcedentes los despidos, y no nulos como defendían los representantes de los trabajadores. De este modo, Telemadrid no se vio obligada a la readmisión de los despedidos, sino a aumentar las indemnizaciones a 45 días por un año trabajado.
La decisión del Supremo podría suponer a la postre el cierre de Telemadrid, al igual que podría suceder con la RTVV después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarse nulo el ERE y ordenase la readmisión de los trabajadores afectados. El presidente madrileño, Ignacio González, dijo en su día que su Gobierno cerraría Telemadrid si el tribunal declaraba nulos los despidos.
Servimedia
Las televisiones autonómicas costarán a los españoles unos 1.000 millones en 2013
Las televisiones autonómicas le costarán a cada español 30,6 euros en 2013, 83,73 euros por hogar. TV3 está a la cabeza en lo que a subvenciones públicas se refiere con 225 millones de euros. Le siguen Canal Sur (118 millones), ETB (105,1), TVG (94,7) y Telemadrid (71).
El cierre de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha vuelto a poner en el foco la viabilidad de las televisiones autonómicas en España. Los informes que han analizado el gasto que suponen cada año para el bolsillo de los contribuyentes son demoledores. En 2013, las autonómicas supondrán un coste de 925 millones entre subvenciones y pérdidas de explotación. ¿Y cúanto ingresan? Durante el primer trimestre de este año, sus ingresos publicitarios han supuesto solo 27 millones de euros, con un descenso del 19%. A esta bajada hay que sumar la caída del 36% de 2012 y el más de 60% de reducción de ingresos desde 2007. Además, el pastel de la tarta publicitaria que se quedan las autonómicas cada vez es menor. En 2012, solo coparon el 7% del mercado (126,8 millones), a pesar de que España contaba con 28 canales regionales, el triple que, por ejemplo, Alemania.
Cuánto recibe cada autonómica
Según los datos de 2013, TV3, la autonómica catalana, está a la cabeza en lo que a subvenciones públicas se refiere con 225 millones de euros. Le siguen Canal Sur (118 millones), ETB (105,1), TVG (94,7), Telemadrid (71), Canal Nou (68), Aragón TV (42,4), TVC. La Mancha (42), TV Canarias (33), IB3 (31), Extremadura TV (25) y Asturias TV (20). Total: 875 millones de euros de las arcas públicas, y donde no se incluyen partidas para aportaciones extraordinarias.
Según el 'Informe sobre el papel de la Televisión Pública Autonómica en España', realizado por la consultora Accenture para la Forta, en los años 2009, 2010 y 2011 el 75% de los ingresos de la autonómicas tuvo su origen en subvenciones y aportaciones públicas, y el 25% en la publicidad y otros ingresos propios. Estos ingresos han ido cayendo desde los 312 millones de 2007 a los 126 millones de 2012.
Y a esto hay que sumar las deudas televisivas que han asumido regiones como Catalunya (1.046 millones) o Valencia (1.200 millones). Por su parte, el informe elaborado por Deloitte, encargado por Uteca, aseguraba que todas las televisiones públicas le costaron en 2011 a los españoles 2.850 millones de euros, 1.918 en subvenciones y tasas, y otros 396 en aportaciones patrimoniales. A esa cantidad había que sumar los 536 millones de euros adicionales de las pérdidas generadas del ejercicio anterior.
Jesús López Cabrera, presidente de la Forta aseguró que el coste de radios y televisiones autonómicas costará a cada español unos 21 euros en 2013, uno de los más bajos de Europa, según López. Por su parte, Accenture aumentaba el coste a 30,6 euros por habitante y 83,73 euros por hogar.
Si hablamos del número de trabajadores, 10.000 son las personas contratadas por las autonómicas, por las 6.000 de RTVE o las 2.000 que trabajan si sumamos Mediaset (Telecinco/Cuatro) y Atresmedia (Antena3/La Sexta).El mismo informe de Accenture ahonda en el papel que desmpañan las autonómicas en el fomento de la cohesión social y pertenencia territorial. En 2010, la televisiones públicas realizaron 6.568 programas, destinaron 27.210 horas (un 44% de su programación) a este cometido. Respecto a su rol como altavoz de acontecimientos culturales y sociales en sus comunidades autónomas, sus programaciones de 2010 realizaron 3.957 programas, destinaron 11.781 horas y el 19% de su tiempo a difundir esos aspectos locales.
El idioma, también juega un papel importante en las comunidades con lengua propia. TV3 tenía en 2010 seis canales en catalán, la primera de todas las autonómicas. Por su parte, ETB tenía tres canales generalistas, dos de ellos en euskera, por los dos en gallego de la TVG, otro en catalán de IB3 o los tres de la ya finiquitada RTVV (con un primer canal que dedicaba el 59% de sus contenidos al valenciano, un segundo canal donde se utilizaba en el 96% de las ocasiones y un canal 24 horas donde solo se utilizaba la lengua regional).
A menor tamaño, menos audiencia
Los recortes de personal en las televisones autonómicas han ido en paralelo al descenso de espectadores. Telemadrid o Canal Nou han visto reducida su cuota de pantalla a menos del 5%, cuando hace solo cinco años se situaban en torno al 10%. Canal Sur, IB3 o TV Canaria también han reducido su cuota de pantalla. Por su parte, TV3, ETB o la TVG han mantenido su audiencia por encima del 10%, siendo la catalana la reina de las autonómicas con una cuota superior al 15%.
Mas echa más madera a TV3
La Corporación Catalana cerró 2012 con un déficit de 7,4 millones de euros tras haber recibido subvenciones públicas por 292,36 millones de euros, lo que ha elevado a 738 millones de euros las pérdidas acumuladas por la pública a diciembre de 2012. En 2011, el primer año de legislatura de Artur Mas, la empresa audiovisual recibió una subvención de 322 millones (incluidas la de explotación y de capital) y registró unas pérdidas de 9,2 millones.
De cara a este ejercicio, la Generalitat redujo a 225 millones la aportación para la Corporación, y pese a que los presupuestos de 2012 se han prorrogado parece que la tele pública va a mantener, en principio, esos ingresos, según ha explicado la cadena. Unos ingresos que deberán emplear en enjuagar el déficit del año pasado al estar prohibidos los desequilibrios presupuestarios en las empresas públicas. Ahora, la Generalitat se plantea la salida de 500 de las 2.885 personas que componen la plantilla de sus medios regionales.
Canal Sur, casi 1.000 millones de coste desde 2008
974 millones de euros. Ese es el montante que ha costado a los contribuyentes la televisión pública andaluza desde que comenzó la crisis. Pero, de momento, Canal Sur es uno de los pocos canales regionales que tiene garantizado su futuro, aunque sea a medio plazo. El ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, firmó un contrato por el cual el Ejecutivo se comprometía a destinar 118 millones de euros anuales a la televisión autonómica, a pesar de que sus pérdidas desde que comenzara la crisis suman casi 96 millones de euros.
Telemadrid puede seguir los pasos de RTVV
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que cerrará Telemadrid si el Tribunal Supremo declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha sido recurrido por los trabajadores. Pendientes de esta resolución, González indicó que si no se declarara nulo este "doloroso expediente", podrían mantener el ente en las condiciones actuales, "sin déficit" pero que si la decisión es en otra dirección, tendrían que cerrar."Si nos declaran nulo cerraríamos Telemadrid pero tengo confianza de que esto no va a pasar", ha señalado, además de explicar que el objetivo de esta medida era hacer "viable" Telemadrid.
Telemadrid empezó el año con 861 trabajadores menos. La actual plantilla está compuesta por 300 empleados. La cadena regional madrileña registró en 2012 pérdidas operativas de 34 millones de euros y tuvo unos gastos de entre 128 y 130 millones de euros (unos dos millones menos de lo presupuestado) y unos ingresos de 96 millones de euros, un 7,7 por ciento menos que lo previsto. Su deuda actual es de 285 millones de euros.
TVG ha recortado su deuda en un 88% en tres años
La tijera entró con dureza en la televisión pública gallega, pero ha tenido resultado. En tres años, TVG ha reducido su deuda en un 88%, y la reducción por habitante ha menguado un 16%, de 42,8 euros a 35,9. TVG ha sufrido el cierre de la mitad de sus delegaciones territoriales y en 2011 se desconvocaron las primeras oposiciones en casi 20 años. Aún así, su lastre sigue siendo el excesivo personal, que se 'come' un 50% del presupuesto.
ETB, más de 1.000 empleados y sesis canales
El presupuesto de la ETB para 2013 supone un 38% menos que hace seis años, pero la subvención solo se ha recortado en un 17%. Seis canales de televisión, cinco radios y un portal de noticias son el conglomerado de la televisión autonómica vasca, que mantiene a cerca de 1.000 empleados, la mitad que Mediaset y Atresmedia juntos. En 2007, la radiotelevisión vasca alcanzó un presupuesto de 195,6 millones, el mayor de su historia.
TV C. La Mancha, un paupérrimo 4% de 'share'
El presupuesto del canal machego ha pasado de los 76 millones de 2007 a los 42 de 2013. La presidenta de la comunidad, la popular María Dolores de Cospedal, ya ha anunciado la futura privatización del canal. Con una plantilla de 400 trabajadores, su cuota de pantalla ha pasado del 10% de 2007 al 4% de media actual.
IB3, reducción tras reducción
La tele balear tiene 105 trabajadores y una cuota de pantalla del 6,2% con un presupuesto que año tras año se ha ido reduciendo, sobre todo tras la llegada del PP al poder. Su deuda en 2009 era de 169 millones de euros. En solo dos años, su presupuesto se ha quedado en la mitad, pasando de los 61,2 millones de 2012 a los 30,5 previstos para 2013.
Aragón TV resiste la crisis... de momento
Es uno de los canales autonómicos más jóvenes, y por ello puede haber resistido mejor el azote de la crisis. A pesar de haber visto reducido su presupuesto y las subvenciones recibidas, ha mantenido a los 145 empleados que empezaron su andadura en 2007. Tiene firmado un programa con el Gobierno regional hasta 2016, por lo que su superviviencia está garantizada hasta esa fecha. Su presupuesto para este año es de 42,4 millones de euros.
La Información
Avisan de que el cierre de Canal 9 pone en riesgo al resto de autonómicas
El anuncio del cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulara el despido de más de un millar de trabajadores es el primer caso de cierre de una televisión pública autonómica en España y con ello el fin de Canal 9.
Se suscita ahora la cuestión de si podría crear un precedente para otras comunidades autónomas donde todavía no se han dado los pasos en este sentido, pero que podrían replicar este camino, como teme la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que considera una "decisión lamentable" la que ha tomado el Gobierno valenciano que preside Alberto Fabra.
Por su parte, el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Manuel Campo Vidal, ha avisado de que el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) crea un "grave precedente que pone en peligro la existencia de la televisión autonómica en España".
La Academia de Televisión ya había expresado en comunicados anteriores, tras los últimos ERE en la televisión autonómica de Valencia y Madrid, su "profunda preocupación" por una situación que ponía en riesgo la viabilidad de algunas cadenas, agravando "la dramática situación que vive el sector audiovisual en España".
El cierre, anunciado este martes por la Generalitat tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declara nulo el ERE que afectó a más de un millar de trabajadores, supondrá el despido de los 480 profesionales que aún trabajaban en el ente público.
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